Desde  creemos que la ciudad debe ser considerada como un espacio de cumplimiento y ejercicio de derechos. En este sentido, resulta fundamental su promoción y defensa, porque para poder ejercerlos, primero es necesario conocerlos y aprehenderlos. Para eso, debemos fomentar la apertura de espacios de participación y de expresión, en el que todas las personas, sin distinción de género, edad, discapacidad o situación socio-económica, puedan conocer y hacer cumplir sus derechos, tanto civiles como políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos es clave, así como redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.

El crecimiento urbano es un fenómeno global que impone la necesidad de planificar desde una mirada integral las ciudades y los espacios en los que vivimos. En la actualidad, América Latina y el Caribe es la segunda región con mayor población urbana y, por lo tanto, la región en desarrollo con el nivel de urbanización más alto.

Santa Fe, al igual que muchas otras ciudades latinoamericanas, enfrenta desafíos vinculados a la problemática habitacional, que se manifiestan a través de los altos precios de suelo, la especulación, la informalidad, la segregación socioespacial, la degradación ambiental, así como infraestructura y servicios urbanos inadecuados.

Creemos en diseñar y construir las ciudades desde una mirada integral que garantice la tenencia segura de la vivienda, acceso a servicios básicos, condiciones adecuadas de movilidad, servicio de recolección de residuos, espacios públicos para usar y disfrutar, entre otras cuestiones vinculadas a los derechos de las personas. 

Queremos que la ciudad sea un espacio de generación y desarrollo de oportunidades para vivir, para desplazarse, para participar de actividades culturales y recreativas, para recibir atención integral de la salud, para estudiar y conseguir empleo. Una ciudad donde sea posible la convivencia pacífica y el respeto, la participación política, el acceso a la información y la comunicación.

Todas las personas somos parte de la ciudad y, al habitarla y transitarla a diario, también la construimos. Por eso, a la hora de planificar el crecimiento y el desarrollo urbano, se debe poner siempre a las personas en el centro de las decisiones. Debemos promover el derecho a la ciudad y creemos que para hacerlo realidad se deben incentivar, por un lado, la participación ciudadana, ya que hace que se plasmen la multiplicidad de perspectivas en la gestión y evaluación de las políticas públicas y el desarrollo de normas que fortalezcan instrumentos de desarrollo urbano inclusivo.

En cuanto a la movilidad, para vivir una ciudad democrática, justa e igualitaria se debe poder transitar, moverse a través de ella, pudiendo elegir de qué manera hacerlo. La calidad del transporte público debe ser la que las personas nos merecemos así como la disponibilidad de infraestructura de movilidad que nos permita optar, sin importar el destino, por ser peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Por ello, la movilidad debe ser analizada tanto desde la oferta como desde la demanda, es decir, desde los medios de transporte y las infraestructuras existentes como desde las necesidades de las personas que se desplazan en un espacio y en un tiempo determinado. Sin embargo, el lugar central en el análisis debe ser ocupado por las necesidades de peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

El desafío de las ciudades y en particular de la ciudad de Santa Fe ya no debe pasar por optimizar la circulación de vehículos, sino por crear condiciones adecuadas de movilidad de las personas bajo criterios ambientales, sociales y económicos sustentables. Esta nueva perspectiva no ha sido la dominante en la planificación de la ciudad: al analizar su crecimiento y el de su área metropolitana, puede observarse una relación entre el desarrollo de la infraestructura vial y la expansión del tejido urbano. Las vías planificadas y construidas para el desplazamiento automovilístico -calles, avenidas, rutas- fueron configurando la estructura urbana y guiaron la expansión de la mancha urbana y la localización fragmentada de actividades y viviendas.

Este modelo de desarrollo urbano basado en el automóvil como medio principal de transporte y condicionado por el mercado de suelo, promueve una urbanización de baja densidad, que dificulta y encarece las prestaciones de los servicios públicos y reproduce desigualdad en el acceso a los mismos. Como consecuencia de ello, el diseño del espacio público basado en la circulación de un parque automotor que crece en forma exponencial no se adecua a sus otras funciones y atributos como ser la ambiental, de mitigación de riesgo hídrico o de encuentro y es causante de desigualdad social.

Para hacer efectivo el derecho a la movilidad de las personas y el transporte de bienes, debe prestarse especial atención a todas las formas de desplazamiento, contemplando criterios ambientales, como el consumo de energía y las emisiones producidas; las infraestructuras existentes, sus características y potencialidades; la localización de actividades; los costos de transporte y el tiempo empleado en cada desplazamiento; y especialmente el diseño de un espacio público que debe adaptarse a cada forma de movilidad y sistema de transporte posibilitando una eficiente combinación de los mismos.

Por otro lado, con la posibilidad de encontrarnos y habitar la ciudad podemos hacer nuestro cada lugar. Contar con espacios públicos de calidad y en cada barrio para todas las personas, con ambientes, espacios verdes, corredores viales y ámbitos de recreación que respondan a las múltiples necesidades, nos brinda la posibilidad de un uso socialmente justo y sustentable de nuestras ciudades.

La ciudad es ante todo el espacio público: calles, veredas, plazas, parques y paseos. Los espacios públicos representan la integración social, las expresiones culturales y políticas, las prácticas deportivas, la circulación, el comercio y los intercambios de todo tipo. Cumplen con funciones fundamentales como: ecológicas, ambientales y de mitigación del riesgo hídrico; de circulación y movilidad; y de encuentro.

Dentro de las funciones ambientales se encuentra, por ejemplo, la de generar oxígeno y disminuir gases de efecto invernadero; contribuir a regular la temperatura; contener la flora y fauna; disminuir la vulnerabilidad hídrica a través de la acumulación de agua en la vegetación, entre otras.

En relación con la función de circulación y movilidad, podemos decir que el espacio público es el elemento articulador de la ciudad y estructurador de la movilidad urbana. Es el que posibilita (o debería posibilitar) el derecho de todas las personas a circular y desplazarse por los diferentes sectores de la ciudad, y a elegir su modo de movilidad: ya sea utilizar el transporte público, caminar, usar la bicicleta o los vehículos motorizados.

Por último, cumple una función de encuentro porque es donde se da el contacto, la reunión e integración entre las personas, se ejerce la democracia a través de las manifestaciones políticas y culturales, se crea identidad y sentido de pertenencia, se posibilita la comunicación y el intercambio.

Asegurar el acceso y el uso de espacios públicos de calidad implica pensar en conjunto la ciudad que queremos habitar. Por eso, creemos que para planificar y diseñar estos espacios se debe hacer con una premisa clara: poner como prioridad a las personas. Todos “hacemos ciudad” y podemos proyectar y colaborar con mejorar nuestros lugares de socialización.

Soñamos una ciudad con futuro, que democratice nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno, de apropiarnos y cuidar lo natural como una casa común. Todas las personas tenemos responsabilidades, como comprometernos en la gestión de nuestros residuos sólidos, y también oportunidades, como incorporar el uso y generación de energías renovables e inagotables.