Análisis DNU y ley omnibus

• 2  – Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023.

• I . El dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia.

DNU es la abreviatura que se utiliza para hacer referencias a los Decretos de Necesidad y Urgencia, los que se constituyen como una herramienta normativa prevista en la Constitución Nacional que le permite al Presidente legislar en circunstancias excepcionales.

A lo largo de la historia, el presidente que más DNU dictó durante su gestión fue Néstor Kirchner (Partido Justicialista), con 236. Le siguen Carlos Menem (Partido Justicialista), con 195; Alberto Fernández (Frente de Todos), 177; Eduardo Duhalde (Partido Justicialista), 154; Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), 78; Mauricio Macri (Cambiemos), 71; Fernando de la Rúa (Alianza), 59; Adolfo Rodríguez Saá (Partido Justicialista), 6; y Javier Milei (La Libertad Avanza), con 5.

Sin embargo, si se analiza la extensión del articulado y el contenido de los DNUs, el Nº 70/2023 dictado por el Presidente Javier Milei es el más extenso con 366 artículos y más de 300 leyes que son modificadas o derogadas. El único marco normativo comparable dictado por un Presidente es el DNU Nº 2284/91 de Carlos Menem con 122 artículos.

• II . Regulación constitucional y mecanismos de control.

El artículo 99 de la Constitución Nacional constituye la base normativa de los DNUs. En él se detalla que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (…)”.

Una vez publicada la medida, el Jefe de Gabinete debe comunicar sobre el DNU emitido al Congreso, ya que éste órgano se encarga de controlar si cumple con los requisitos que establece la Constitución. Así, el DNU debe ser enviado dentro de los 10 días a la Comisión Bicameral Permanente, que debe expedirse y elevar un dictamen al plenario de cada una de las Cámaras para su tratamiento en un plazo de 10 días. Mientras se lleva a cabo este proceso, el decreto continúa vigente.

Sin embargo, “vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, sostiene la Ley 26.122. Esto quiere decir que si, vencido el plazo, no lo trata la Comisión, de todas formas lo deberán tratar las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Para que deje de tener vigencia y sea derogado, un DNU debe ser rechazado por las 2 cámaras legislativas. Si sólo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna.

Además, el Congreso no puede hacer modificaciones a un DNU dictado por el Poder Ejecutivo, sólo puede aceptarlo o rechazarlo. Así lo establece la Ley 26.122, vigente desde 2006 y que regula el control parlamentario de los DNUs.

Por su parte, también se presenta un control judicial que es llevado a cabo por los jueces en el marco de un proceso judicial. De esta forma, cualquier persona que considere que el DNU afecta sus derechos individuales o colectivos puede presentar una acción judicial para que el mismo se declare inválido.

Un ejemplo de ello es el amparo interpuesto el 3 de enero de 2024 por la CGT (Confederación General del Trabajo), producto del cual la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar por la cual suspendió su aplicación de lo que disponía “en el Titulo IV TRABAJO del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva”. 

• III . El dictado del DNU 70/2023.

En fecha 21 de diciembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial el DNU N° 70/2023 , emitido por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Este cuerpo normativo se titula “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” e instrumenta una amplia reforma legislativa que busca desregular la economía. En este sentido, deroga y modifica un gran número de leyes en distintas áreas.

Como el DNU no preveía una fecha para su entrada en vigencia, de acuerdo con el Código Civil y Comercial, entró en vigencia el 29 de diciembre, 8 días corridos después de haber sido publicado en el Boletín Oficial. 

• IV . Principales puntos del DNU.

1. Declaración de emergencia pública.

En el artículo 1° el DNU declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

La declaración de emergencia pública le posibilita al Poder Ejecutivo Nacional tomar ciertas decisiones sin cumplir con todos los procedimientos administrativos habituales o sin contar con el aval del Congreso de la Nación.

En estos términos, sirve jurídicamente para formular y justificar regulaciones más intensas. Pero, como ha afirmado en reiteradas ocasiones la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la emergencia no crea nuevas atribuciones ni es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Toda regulación y todo ejercicio de atribuciones públicas deben siempre ajustarse a la Constitución Nacional.

2. Desregulación del comercio interior.

a) Derogación del Observatorio de Precios.

El DNU prevé la derogación de la Ley 26.992 que crea el Observatorio de Precios en la órbita del Ministerio de Economía desde el año 2014, y que se encarga de monitorear los eslabones de las cadenas de valor de sectores económicos. Adicionalmente, la Ley permitía al Estado requerir información a los integrantes de la cadena, tales como la estructura de costos y la rentabilidad.

b) Derogación de la Ley de Góndolas.

Se deroga la Ley N° 27.545 conocida como “Ley de Góndolas” que regula la ocupación de los espacios en las góndolas de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar, y además estimula el acceso de PyMES y empresas familiares en grandes canales de venta al limitar la porción de góndola que puede tener una firma (máximo 30%). También establece condiciones financieras para evitar abusos por posición dominante de los grandes supermercados a sus proveedores Mi-PyMES.

c) Derogación de la Ley de Abastecimiento.

Se deroga la Ley 20.680 que penaliza la retención de mercadería y la elevación injustificada o desmedida de precios, aplicable a toda empresa que venda bienes o servicios que se destinen a la producción o satisfacción directa de necesidades básicas. Esta Ley habilita al Ejecutivo a requerir documentación referida al giro comercial, exceptúa a MiPyMES e incorpora una cuestión sustancial en la dinámica de sanciones: en caso de multa, primero se paga y luego se reclama en la justicia.

d) Derogación de la Ley de Promoción Comercial para la Actividad de Supermercados.

Se deja sin efecto la Ley 20.657 que regula los horarios para la actividad comercial (apertura, cierre, jornada legal de trabajo, descanso dominical, trabajo de mujeres y menores), y establece que las horas excedentes se remuneran al doble.

3. Desregulación del comercio exterior.

Se deroga la Ley N° 25.626, que prohíbe la importación de neumáticos usados o recauchutados y establecía límites a la importación de neumáticos remoldeados.

Asimismo, se esbozan diversas modificaciones al Código Aduanero eliminando los requisitos de inscripción previa en cualquier registro para importar o exportar productos. También se elimina la intervención obligatoria de un despachante de aduana.

También se contempla la obligación de que todos los organismos de la Administración Pública Nacional que tienen intervenciones previas en materia de importación o exportación (SENASA, INAL, ANMAT, etc.) incorporen todos los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Además, se elimina la delegación en el Poder Ejecutivo para establecer prohibiciones a la importación o exportación de carácter económico, así como también la facultad para establecer exenciones en materia de derechos de exportación.

4. Desregulación en las producciones regionales.

a) Derogación de las leyes 18.600, 18.905 y 22.667 de vitivinicultura.

Se propende a la desregulación de los contratos vinculados a la industria del vino y condiciona el accionar del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Sobre todo, con la derogación de la Ley 18.905 de Política Vitivinícola Nacional, el gobierno suprime parte de la responsabilidad que tiene el INV como autoridad de aplicación de esta normativa, que establece reglamentaciones para la producción de vinos y controles.

b) Modificaciones en el mercado de yerba mate.

Se deroga la Ley N° 27.114 que regula la radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen. También se modifica la Ley N° 25.564 que  establece el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Con estas modificaciones, el Instituto dejará de tener facultades para implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda. Tampoco podrá decomisar la yerba que se esté transportando, exhibiendo y comercializando sin contar con la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.

c) Modificaciones en el mercado de Olivicultura.

Se elimina la Corporación Nacional de Olivicultura y la ley que regula el algodón.

d) Derogación de la Ley N° 21.608 de Promoción Industrial.

Esta ley que se deroga tiene como objetivo expandir la capacidad industrial argentina, procurando la instalación en el interior del país y fomentando la mejora en la eficiencia. Para ello, habilita a que el Poder Ejecutivo ofrezca beneficios tributarios o de protección frente a bienes importados.

5. Desregulación de tarjetas de crédito.

Se modifican y derogan varios artículos de la Ley 25.065 de tarjetas de crédito. En estos términos, se eliminan topes de intereses punitorios -aunque establece también que no pueden capitalizarse-, se habilita al cobro de adicionales y de montos fijos por atrasos, y se elimina la obligatoriedad de la autoridad de aplicación de aprobar los contratos entre el emisor y el proveedor. También se permite que cualquier entidad financiera sea emisora de tarjetas.

En la práctica, los consumidores quedarán a merced de los emisores de las tarjetas en montos a pagar por comisiones o intereses cuando no se abone la tarjeta en tiempo y forma, mientras que, en cuanto a los comercios, podrían ser perjudicados con comisiones más altas que las actuales (el tope es de 3,0% para tarjeta de crédito y 1,5% para tarjeta de débito).

6. Desregulación del sector minero.

Se deroga la Ley N° 24.523 del Sistema Nacional de Comercio Minero, integrada por base de datos de comercio minero, centros de información y consulta, agentes de información y usuarios. El objeto de esta base de datos de comercio minero es la organización y archivo de los datos disponibles relativos al comercio minero (productos y subproductos).

También deroga la Ley 24.695 sobre el Banco de Información Minera que tiene por objetivos relevar y procesar toda información sobre equipamiento y recursos humanos del sector minero, estructurar la red de información pública y editar al menos una vez cada tres años la información contenida en el sistema.

7. Desregulación aerocomercial.

Se deroga el Decreto-Ley N° 12.507/56 que establece la política nacional en materia aeronáutica, y la Ley N° 19.030, que regula el transporte Aerocomercial.

Asimismo, deroga el Decreto N° 1654/02 que declara el Estado de Emergencia del Transporte Aerocomercial y regula tarifas. Respecto del Código Aeronáutico (Ley N° 17.285). Las modificaciones de los artículos que realiza el DNU, en términos generales, son:

1. 1. El otorgamiento  del carácter esencial al servicio aerocomercial, por lo cual, entre otros efectos, está la limitación del derecho a huelga.
   2. Eliminación de “los servicios de protección al vuelo serán prestados en forma exclusiva por el Estado nacional” y reemplazo por la defensa del espacio aéreo y control policial es exclusiva del PEN. Además, se adicionan principios de libre competencia y de acceso a los mercados.
   3. Agregado del fomento al libre acceso recíproco de circulación y operación de aeronaves de aviación general y comercial.
   4. Incorporación del principio de libertad contractual a los tipos y formas de contratos sobre aeronaves.
   5. Eliminación de las concesiones de los servicios de transporte aéreo (ahora sólo se requerirán autorizaciones) y de las audiencias públicas, existiendo sólo aprobaciones automáticas.
   6. Liberación de las tarifas, las que serán “libremente dispuestas por las empresas y sin ninguna restricción”.
   7. Subvención de la demanda de servicios de transporte aéreo en aquellas rutas que resulten de “interés general para la Nación”, pero no al servicio aéreo.

Asimismo, hay un capítulo vinculado al “rescate” de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, donde el Estado dejaría de ser el titular de la empresa y se la “otorgaría” a los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. Cabe destacar que Aerolíneas y Austral seguirán siendo de utilidad pública. pues no se deroga el artículo 1 de la Ley 26.466.

8. Derogación de la Ley de Alquileres.

El DNU deroga la Ley de Alquileres N° 27.551, dejando vigentes las disposiciones del Código Civil y Comercial con algunas modificaciones, y concediendo libertad entre las partes para pactar sobre los puntos más importantes del contrato de locación. Esto sólo impacta en aquellos celebrados a partir de su entrada en vigencia. Todo contrato anterior se mantiene en iguales condiciones.

Aspectos a destacar: 

1. 1. No hay plazo mínimo pero, si no se define en el contrato, se considera de 2 años.
   2. Podrán pactarse los alquileres en cualquier moneda.
   3. Se puede indexar y pre-acordar aumentos. Es decir, se podrá actualizar el precio del alquiler todos los días bajo cualquier índice (dólar, inflación, nafta, etc). 
   4. No hay tope a depósitos o garantías. Podrán pedirse cualquier tipo de garantía. 
   5. Serán dos meses de depósito. Podrá ser en dólares (no se devuelve actualizado). Podrán devolverlo a los 60 días de finalizado el contrato.
   6. Las reparaciones del inmueble podrán ser obligación exclusiva de los inquilinos, quienes podrán reclamar las mejoras “necesarias” al propietario.
   7. Los inquilinos podrán afrontar el pago de las expensas ordinarias y extraordinarias si así lo estipulare el contrato. Si no se estipula, los “impuestos directos” (API) que gravan al inmueble en sí, los paga el propietario.
   8. No se podrá establecer un mail como medio de comunicación con los propietarios e inmobiliarias.
   9. El propietario no tiene la obligación de avisar con antelación si se renueva o no el contrato.
   10. El inquilino podrá, en cualquier momento, rescindir el contrato abonando el equivalente al 10% del saldo del canon locativo futuro, calculado desde la fecha de la notificación hasta la fecha de finalización pactada en el contrato. También el inquilino puede resolver el contrato si el propietario no cumple con su obligación de mantener la unidad en condiciones aptas para el uso, salvo cuando el daño haya sido ocasionado directa o indirectamente por el inquilino.
   11. Si el propietario no acepta el alquiler, no se puede consignar judicialmente.
   12. Los impuestos que recaen sobre la vivienda -ABL, AGIP, impuesto inmobiliario- son obligación de los inquilinos.
   13. Si hay un cobro indebido por parte de propietarios, no se puede descontar del alquiler.
   14. No es obligatorio registrar los contratos en AFIP.

9. Desregulación en la salud (farmacias, prepagas y obras sociales)

Se deroga la Ley N° 27.113 que declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública (nacionales, provinciales, municipales y de CABA), y creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Muchos medicamentos caros pero poco rentables son producidos en dichos laboratorios, desde donde se impulsa a su vez la investigación. 

En el apartado dedicado a la salud, el DNU también modifica el artículo 2 de la Ley N° 25.649 de utilización de medicamentos por su nombre genérico e indica que “toda receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando exclusivamente el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de concentración”. Uno de los ejes de la discusión es que en Argentina no se exigen estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad para la mayoría de los productos farmacéuticos genéricos y, entonces, no puede garantizarse el mismo nivel de eficacia y seguridad en una droga genérica que en el medicamento original que recomienda el médico.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de migrar totalmente al sistema de recetas electrónicas o digitales hacia el 01/07/2024.

Se deroga el Decreto N° 743/22 de tope de aumentos para quienes cobran hasta 6 Salarios Mínimos y de obligación de prepagas de ofrecer planes más baratos con copagos.

También se establecen modificaciones a la Ley 26.682 que regula la Medicina Prepaga. El Ministerio de Salud ya no podrá acceder a las estructuras de costos de las empresas, ya no podrá poner precios máximos a las cuotas ni topes de aumentos. Asimismo, deroga aranceles mínimos para prestadores.

A su vez, se modifica la Ley N° 23.660 de Obras sociales. Se incorpora la medicina prepaga al régimen de obras sociales. La autoridad de aplicación pasa de ser la ANSSAL (Administración Nacional del Seguro de Salud) y la Dirección Nacional de Obras Sociales a centralizarse en la Superintendencia de Servicios de Salud. Elimina obligatoriedad de depositar fondos en bancos públicos así como de realizar inversiones únicamente en operaciones con esos bancos y/o en títulos públicos, con garantía del Estado.

También se prevé la derogación del art. 5 de la ley 23.660 de obras sociales, en cual se establece la obligación de destinar el 80% de sus recursos brutos, a la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios, como asimismo la obligación de establecer mecanismos de redistribución regional solidaria que asegure el acceso de sus beneficiarios a los servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo.

Por último, se prevé una modificación de la Reglamentación del derecho de opción de cambio -Decreto N° 504/98-, eliminando los plazos mínimos en los cuales el afiliado a una obra social debe permanecer en ella.

10. Desregulación del sector de comunicación.

Se modifica la Ley N° 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los cambios suprimen todo límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional, lo que implica que un único licenciatario podrá tener acceso a múltiples señales.

También se modifica la Ley N° 27.078 de Argentina Digital. Esta Ley se sancionó con el objetivo de posibilitar el acceso a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con ciertos parámetros de calidad.

La modificación incorpora al servicio satelital a la radiodifusión por suscripción, es decir, asimila como servicio de telecomunicaciones a la TV por suscripción por cualquier vínculo. Así, la TV satelital (DirecTV por ejemplo), queda en igual condición a la TV cable.

Otro cambio significativo es que la prestación de servicios satelitales ya no requiere reglamentación del Estado, sino que basta con un simple registro, con el fin de evitar interferencias en las frecuencias radioeléctricas. Es decir, la provisión de facilidades satelitales será “libre”, no requiriendo autorización para dicha provisión. 

Esto va en consonancia con el discurso del Presidente Milei cuando anunció este DNU, donde hizo clara referencia a la necesidad de la “desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”.

11. Desregulación del sector turístico.

Se deroga la Ley Nº 18.828 de regulación de hoteles y hospedajes turísticos. Mediante esta ley se crea el Registro Hotelero Nacional y se establecen estándares mínimos de calidad para las categorías de Moteles y Hoteles de 1 a 5 estrellas. También establece que para la denominación de “Hotel” se debe estar inscripto en el Registro Hotelero Nacional y sanciones para los establecimientos no registrados.

También se deroga la Ley Nº 18.829 de reglamentación de las agencias de viaje, así como también la Ley Nº 26.356 que contempla la regulación de los sistemas turísticos de tiempo compartido.

12. Registros automotores.

Se modifica el Decreto-Ley N° 6582/58 y sus modificatorias de Registro de Propiedad Automotor.

El Título del Automotor que expide el Registro podrá ser en formato digital. Para realizar contratos de transferencia de automotores se podrá también presentar el título de propiedad del automotor en forma digital.

Los trámites que se realicen ante el Registro podrán ser de carácter electrónico. También se avanza en la digitalización de trámites y documentos (título, cédulas).

Se crea, a través de la Dirección Nacional, un registro nacional “remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024”. Además, se elimina la obligatoriedad del libre multa para realizar transferencias de vehículos.

13. Reforma del Estado.

Se derogan varias normas vinculadas a cuestiones de organización y funcionamiento estatal. Entre ellas se destaca la Ley Nº 13.563 de Empresas del Estado, la Nº 18.875 vinculada al programa de fomento conocido como “Compre nacional”, la Nº 20.705 sobre Sociedades del Estado, y el Decreto-Ley 15.349/46 que regla las Sociedades de Economía Mixta.

Respecto de las empresas estatales, el DNU también deroga puntualmente el art. 9, párrafo tercero de la ley 23.696, que exceptúa al Banco de la Nación Argentina de la declaración “sujeta a privatización”. Además se deroga el art. 29 que preveía los regímenes de propiedad participada y bonos de participación en las ganancias para el personal de empresas, sociedades y/o entes a privatizar. Asimismo, se modifica el art. 30, se contempla la posibilidad de que la transferencia a empleados sea a título gratuito.

A su vez, el Título de Reforma del Estado del decreto 70/2023 determina en su art. 48 que “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”. Esto abarcará empresas de Estado, Sociedades del Estado y todas las organizaciones societarias donde el Estado Nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Se precisa que las nuevas sociedades anónimas serán reguladas por la Ley General de Sociedades (19.550).

Esto se complementa con el art. 52 del decreto que establece que la ley 24.156 y “demás normativa de control del sector público” sólo será aplicable cuando, en las Sociedades Anónimas producto de la transformación determinada en el presente, el Estado posea participación accionaria mayoritaria.

También se prescribe que las empresas en las que el Estado sea parte accionista “no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público”.

El art. 51 fija un período máximo de transición de 180 días para que aplique la transformación ordenada y para que se inscriban las nuevas sociedades anónimas.

14. Derogación de la Ley de Tierras.

Se establece la derogación de la ley N° 26.737. Esta ley crea el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros, en defensa de la soberanía nacional.

 En concreto, la ley fija en un 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional para personas humanas y jurídicas no argentinas, es decir, sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. 

15. Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

A través de diversas disposiciones, se modifican muchos artículos de la Ley Nº 20.655 de promoción de las actividades deportivas en todo el país. La clave se encuentra en la reforma de su art. 19 bis , en donde se incorpora el inciso b) que define explícitamente a las Sociedades Anónimas como sujeto posible del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

A partir de este DNU, los clubes podrían ser privatizados y pasar a ser propiedad de una empresa, como se dio en Europa.

16. Reforma laboral.

a) Eliminación de multas por mala registración.

El DNU deroga los arts. 8 a 17 de la Ley 24.013 que regula las multas por el empleo no registrado, lo cual implica no abonar los salarios estipulados en los Convenios Colectivos de Trabajo ni efectuar los aportes a la seguridad social. 

Se deroga la Ley 25.323 que establece que las indemnizaciones previstas por la Ley N° 20.744 o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral no registrada o que lo esté de modo deficiente.

En este orden de ideas, se eliminan artículos de la Ley N° 25.345. El ar. 43 incorporaba al régimen de contrato de trabajo el 132 bis que protegía la integración de aportes al trabajador. El artículo decía que si el empleador hubiere retenido aportes del trabajador con destino a los organismos de la seguridad social debía  pagar al trabajador una sanción mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse la extinción del contrato de trabajo.

También se elimina la multa que incorporaba el art. 45 por no entregar en término los certificados de trabajo del art. 80 de la LCT que eran equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año. Los certificados del art 80 son las constancias de registración laboral u de aportes que se le debe entregar al trabajador al finalizar la relación laboral, aunque el trabajador puede pedirla antes.

En la 26.844 que regula el trabajo de personal de casas particulares se elimina el art. 50 que duplicaba la indemnización en caso de no tener registrada o defectuosamente registrado a quien efectuaba tareas domésticas.

b) Modificación del régimen de contrato de trabajo.

El DNU modifica el criterio in dubio pro operario (en caso de duda, hay que estar a favor del trabajador), uno de los fundamentos del Principio Protectorio reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. En esta línea, se incorpora la teoría de la duda insuperable y descarta toda presunción en favor del trabajador.

También se refleja una modificación de la responsabilidad solidaria. Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, hasta la vigencia del DNU eran considerados empleados directos de quien utilice su prestación, ahora serán solo considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La responsabilidad de quien efectivamente emplea al trabajador será subsidiaria.

Se modifica el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sobre el período de prueba pasando de 3 meses a 8 meses. Durante este plazo, el empleador no debe registrar al empleado ni tampoco cuenta como tiempo de servicio a efectos laborales y de seguridad social.

Otra cuestión a destacar es la eliminación de cuenta sueldo y sus beneficios de gratuidad. El depósito del salario se podrá hacer desde la reforma en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas. También se elimina la facultad que tenía el trabajador de pedir que le paguen si o si en efectivo.

El DNU también modifica el art 177 de la LCT por el cual la trabajadora (que tiene prohibido trabajar 45 días antes del parto y 45 días después) pueda optar por no trabajar 10 días antes del parto y acumular 80 días para después de nacimiento (hoy la opción es 30 días antes del parto).

Se baja la indemnización del despido con causa del art. 245 quitando el Sueldo Anual Complementario y conceptos de pago semestral o anual como celulares, premios, horas extras, etc, con lo cual abarata la base por la cual se calcula el valor que luego se multiplica por los años trabajados más el preaviso.

c) Asociaciones sindicales.

Se incorpora el art. 20 bis a Ley Nº 23.551 que exige que las Asambleas no interrumpan el desempeño de tareas laborales. También se agrega un art. 20 ter que, en su inciso b penaliza el bloqueo de empresas e incluso tomar un establecimiento, aun si los trabajadores buscan evitar el vaciamiento de la empresa como paso en tantas fábricas. 

En la LCT pone las tomas de establecimientos y bloqueos como falta grave que justifica el despido con causa.

d) Servicios esenciales y limitación del derecho a huelga.

En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. Se incluyeron servicios sanitarios y hospitalarios, transporte, distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, servicios farmacéuticos, producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, combustibles, energía eléctrica; telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales; aeronáutica comercial, control de tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.

Se crea la categoría de las actividades o servicios de importancia trascendental, que en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%. Enumera act. de importancia trascendental: producción de medicamentos, transporte de todo tipo, servicios de radio y televisión, actividades industriales continuas como siderurgia, industria alimenticia, construcción, servicios bancarios, hoteleros financieros, bienes y servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.